Federación de Empresas de la Rioja

Circular Informativa Civil y Jurídico 1/2022 Novedades en Materia de Consumidores y Usuarios

 

  1. Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores

El origen de esta norma lo encontramos en las Directivas 2019/770 y 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019. Sendas Directivas comparten como objetivo armonizar determinados aspectos relativos a los contratos de compraventa de bienes y de suministro de contenidos o servicios digitales, en aras de lograr un auténtico mercado único digital, reforzar la seguridad jurídica y reducir los costes de las transacciones, en particular, para las pequeñas y medianas empresas.

 

Pues bien, el Real Decreto Ley 7/2021 transpone en un mismo texto ambas directivas e introduce cambios normativos que afectan al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (de aquí en adelante LGDCU). En concreto, los principales aspectos a tener en cuenta son los siguientes:

  • Entrada en vigor

Las presentes modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2022, salvo por lo que respecta a lo dispuesto en el apartado de modificación de los contenidos o servicios digitales, que se aplicará sólo a los contratos celebrados a partir de dicha fecha.

  • Ampliación del ámbito de aplicación de la LGDCU

El ámbito de aplicación de la LGDCU se amplía a los contratos de compraventa de bienes con elementos digitales (objetos muebles tangibles que incorporan contenidos o servicios digitales, o que están interconectados con esos contenidos y servicios digitales de tal modo que su ausencia impediría que esos bienes desempeñasen su función) y a los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales (aquellos en los que el empresario suministra contenidos o servicios digitales al consumidor).

En esta línea, la norma aplica a esos contenidos y servicios digitales con independencia del soporte utilizado para la transmisión de los mismos o para dar acceso a estos. Del mismo modo, será de aplicación a los contratos en virtud de los cuales el empresario suministra o se compromete a suministrar contenidos o servicios digitales al consumidor y este facilita o se compromete a facilitar datos personales, salvo cuando los datos personales facilitados sean tratados exclusivamente por el empresario con el fin de suministrar los propios contenidos o servicios digitales objeto de contrato o para permitir que el empresario cumpla los requisitos legales a los que está sujeto, y el empresario no trate esos datos para ningún otro fin.

  • Determinación de la conformidad con el contrato y plazo de garantía legal

La conformidad con el contrato se determina ahora mediante el cumplimiento de unos requisitos objetivos y subjetivos. Los plazos para manifestar la disconformidad con el contrato son los siguientes:

  1. En el caso de contratos de compraventa de bienes o productos nuevos, el plazo para manifestar la disconformidad será de 3 años desde la entrega.
  1. En el caso de contratos de compraventa de bienes o productos de segunda mano, se puede acordar un plazo para manifestar la disconformidad menor de 3 años, pero en ningún caso podrá ser inferior a 1 año desde la entrega.
  1. En el caso de contratos de suministro de contenidos o servicios digitales en un acto único, el plazo para manifestar la disconformidad será de 2 años desde la entrega.
  1. En el caso de contenidos o servicios digitales o de bienes con elementos digitales, cuando el contrato prevea un suministro continuo durante un período de tiempo determinado, el empresario será responsable de cualquier falta de conformidad en favor del consumidor durante todo ese periodo de tiempo que dure el suministro. No obstante, si el contrato establece el suministro continuo de los contenidos o servicios digitales durante un período inferior a tres años, el plazo de responsabilidad será de tres años a partir del momento de la entrega.
  • Responsabilidad del empresario ante la falta de conformidad

Si el bien no es conforme con el contrato, el consumidor podrá optar, en primer lugar y a su elección, entre la reparación o la sustitución (ahora denominadas conjuntamente como “puesta en conformidad”), salvo que una de estas dos opciones resulte imposible o desproporcionada. Si estos remedios no son efectivos, procederá la reducción del precio o la resolución del contrato. En cualquiera de estos supuestos el consumidor o usuario podrá exigir, además, la indemnización de daños y perjuicios, si procede.

 

A pesar de que mantiene la previsión general de que el consumidor no podrá optar por la resolución del contrato cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia, se añade una excepción a esa norma general: aquellos supuestos en los que el consumidor haya facilitado datos personales como contraprestación del contrato.

 

El plazo del que dispone el empresario para reembolsar el importe en caso de reducción del precio o resolución del contrato es de 14 días desde la recepción de los bienes o desde que disponga de una prueba de que el consumidor ha devuelto el bien.

 

El consumidor o usuario tendrá derecho a suspender el pago de cualquier parte pendiente del precio del bien o del contenido o servicio digital adquirido hasta que el empresario cumpla con las obligaciones establecidas.

  • La carga de la prueba sobre la falta de conformidad

Respecto de la carga de la prueba, se presumirá que las faltas de conformidad alegadas por los consumidores ya existían cuando el bien fue entregado, es decir, que no son imputables a su uso por parte del consumidor, cuando dichas alegaciones se comuniquen al empresario dentro del plazo de dos años, en el caso de bienes no digitales, y de un año, en el caso de contenidos y servicios digitales, desde el suministro de los mismos.

En los bienes de segunda mano, el empresario y el consumidor podrán pactar un plazo de presunción menor al indicado en el párrafo anterior, que, en cualquier caso, no podrá ser inferior al período de responsabilidad pactado por la falta de conformidad para este tipo de bienes.

En el caso del suministro continuo de contenidos o servicios digitales durante un período de tiempo determinado, la presunción de falta de conformidad en favor del consumidor se prolongará durante la duración del periodo de suministro.

Los apartados sobre carga de la prueba anteriores no se aplicarán cuando el empresario demuestre que el entorno digital del consumidor o usuario no es compatible con los requisitos técnicos de los contenidos o servicios digitales objeto del contrato, y cuando el empresario haya informado al consumidor o usuario sobre dichos requisitos técnicos de forma clara y comprensible con anterioridad a la celebración del contrato.

  • Plazo de prescripción para el ejercicio de la acción relativa a falta de conformidad

El plazo de prescripción para ejercitar la acción relativa a estas faltas de conformidad se incrementa a cinco años desde la manifestación de la falta de conformidad.

  • Garantías comerciales y servicio post venta

Al margen de la garantía legal mínima, el fabricante podrá ofrecer condiciones más favorables a los consumidores y usuarios a través de su garantía comercial. Aquellas garantías que sean anunciadas en su publicidad asociada también serán vinculantes.

Por otra parte, la declaración de garantía comercial se entregará al consumidor o usuario en un soporte duradero a más tardar en el momento de entrega de los bienes y estará redactada, al menos, en castellano, de manera clara y comprensible.

Asimismo, se amplía el periodo en el que el fabricante deberá continuar con el servicio técnico y disponibilidad de piezas de recambio tras el cese de fabricación del bien, pasando de cinco a diez años.

 

  1. Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica

Esta norma que tiene vigencia general a partir del 2 de marzo de 2022, refuerza la protección de las personas más vulnerables en las relaciones de consumo e introduce ciertas modificaciones en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En este sentido, las principales novedades que se introducen son las siguientes:

  • Introducción de la figura de la persona consumidora vulnerable

Se incluye por primera vez en la normativa estatal de defensa de las personas consumidoras la figura del consumidor vulnerable, que deberá ser objeto de especial atención tanto por parte de autoridades públicas como del sector empresarial en las relaciones de consumo. De acuerdo con el artículo tercero de la LGDCU,  “a los efectos de esta ley y sin perjuicio de la normativa sectorial que en cada caso resulte de aplicación, tendrán la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad”.

  • Previsión específica en cuanto a los derechos de las personas consumidores vulnerables

El artículo 8.1 de la LGDCU, por su parte, dispone una serie de derechos básicos de los consumidores y usuarios y de las personas consumidoras vulnerables. En su apartado segundo se establece una previsión específica según la cual los derechos de las personas consumidoras vulnerables gozarán de una especial atención, que será recogida reglamentariamente y por la normativa sectorial que resulte de aplicación en cada caso.

  • Etiquetado y presentación de los bienes y servicios

El etiquetado y presentación de los bienes y servicios y las modalidades de realizarlo no deberán inducir a error al consumidor y usuario, especialmente: a) Sobre las características del bien o servicio y, en particular, sobre su naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia y modo de fabricación o de obtención; b) Prohibiendo ambigüedades sobre su contenido, y en especial respecto a los alérgenos alimentarios, debiendo ser el etiquetado claro y riguroso en la información exacta del contenido; c) Atribuyendo al bien o servicio efectos o propiedades que no posea; d) Sugiriendo que el bien o servicio posee características particulares, cuando todos los bienes o servicios similares posean estas mismas características.

De igual manera, se prestará especial atención a las personas consumidoras vulnerables, todos los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios deberán ser de fácil acceso y comprensión y, en todo caso, incorporar, acompañar o, en último caso, permitir obtener de forma clara y comprensible, información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales.

  • Información necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios

La información necesaria a incluir en la oferta comercial deberá facilitarse a los consumidores o usuarios, principalmente cuando se trate de personas consumidoras vulnerables, en términos claros, comprensibles, veraces y en un formato que garantice su accesibilidad, de forma que aseguren su adecuada comprensión y permitan la toma de decisiones óptimas para sus intereses.

  • Contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente

En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, se añade un nuevo requisito a los ya preexistentes (artículo 80 LGDCU). Las mismas deberán ser accesibles y legibles, de tal manera que permita al consumidor el conocimiento previo sobre su existencia y contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior a los 2.5 milímetros, el espacio entre líneas fuese inferior a los 1.15 milímetros o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura.

  • Declaración de la garantía comercial

La declaración de garantía comercial se entregará al consumidor o usuario en un soporte duradero a más tardar en el momento de entrega de los bienes y estará redactada, al menos, en castellano y en su caso, a petición de cualquiera de las partes, deberá redactarse también en cualquiera de las otras lenguas oficiales en el lugar de celebración del contrato, de manera clara y comprensible.

  • Etiquetado inclusivo

La norma contempla un plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, para que el Gobierno desarrolle reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables.

 

En cualquier caso, y para cualquier duda que podáis tener al respecto, podéis contactar con el departamento de Asesorías de la FER y con nuestra Asesora especializada, Dña. Elena Sáenz de Jubera a través del 941271271 o a través de los correos electrónicos pedro.asesorias@fer.es  o diego.asesorias@fer.es

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