Bruselas traslada a los empresarios su intención de sancionar a los Estados que paguen sus facturas más tarde de los 30 días que impone la nueva Directiva, que entra en vigor en un año y medio.

La Unión Europea quiere dejar claro que la morosidad comercial es una lacra que mutila la competitividad empresarial. Los enormes retrasos en los pagos de las Administraciones Públicas son vician toda la cadena: las empresas a las que paga mal el sector público acabarán siendo, a su vez, morosas. Por eso, la Comisión de Industria europea va a sancionar a los países que incumplan los plazos de pago que impone la Directiva sobre Morosidad.

El director general adjunto del departamento de Empresa e Industria de la Comisión Europea y responsable de las pequeñas y medianas empresas (“Mr. Pyme”), Daniel Calleja, aseguró recientemente, en una reunión privada con empresarios que Bruselas planea multar a los Estados morosos, según la versión de los asistentes recabada por EXPANSIÓN. “Calleja dijo que Europa no va a permitir que se incumpla una ley tan importante, ya que dicho incumplimiento perjudica muchísimo a las pymes”, aseguran las fuentes.

Esto significa que el Estado español habrá de pagar por la morosidad de la Administración central, pero también de las autonomías y de los ayuntamientos.

Cabe recordar que España es, tras Grecia, el país en el que el sector público se demora más en el abono de sus facturas, con una media de 170 días, lo que pone en riesgo la supervivencia de las empresas (ver la información de la página siguiente). La directiva obliga a pagar en 30 días a partir de 2013, cosa “prácticamente imposible” de cumplir, sobre todo para los municipios, que son los peores pagadores, según las fuentes.

Los municipios

Los Ayuntamientos se demoran, en 2011, una media de 219 días en el pago de sus facturas, 7,3 veces más de lo que deberían. Las autonomías, 186 días. La Administración Central es la menos morosa, con un plazo medio de 157 días, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

Pero no quedan ahí los problemas para España derivados de sus elevados incumplimientos. Además, la nueva Ley de Morosidad española es más dura que la directiva europea, por lo que prevalece por encima de ésta. Y establece el pago de intereses de demora para los morosos. Es decir, el Estado podría tener que pagar dos veces por cada incumplimiento. Esto, enmarcado en la senda de ajuste de las cuentas públicas y reducción del déficit, es un escenario nada halagüeño.

Artículo completo: Expansión