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Aumentar el valor catastral de los inmuebles es un error, porque afectará a la actividad de las empresas y al empleo

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La Organización Empresarial ya alertó del incremento de los impuestos municipales por la pérdida de ingresos al no poder girar el impuesto de plusvalías cuando hay pérdida de valor en las transacciones

La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) ya alertó hace unos días sobre la posibilidad de que los ayuntamientos riojanos aumentaran los impuestos municipales, tasas y precios públicos, tras la pérdida de ingresos al no poder girar el impuesto de plusvalías cuando hay pérdida de valor.

Lamentablemente la noticia se ha confirmado al anunciarse que hay numerosos municipios riojanos que están planteando una actualización o revisión de los valores catastrales, lo que significará un aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para 2018. El único objetivo de esta subida es aumentar la recaudación para paliar la merma de ingresos por el impacto de las plusvalías.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y nulo en una sentencia de mayo, lo que ha llevado a los municipios a buscar otras fuentes de financiación entre las empresas.

La Federación de Empresarios de La Rioja(FER) considera que es un error muy importante adoptar la decisión de subir impuestos a las empresas y a los ciudadanos en un contexto económico de debilidad en el que la recuperación de la actividad y del empleo son moderadas.

Subir impuestos tendrá una incidencia negativa en las empresas y en los ciudadanos de los municipios riojanos, ya que con esta medida se mermará considerablemente su capacidad de gasto y, por tanto, se resentirá el consumo.

Sin embargo, y con buen criterio, hay ayuntamientos riojanos que van a mantener sus impuestos e incluso que los van a reducir ligeramente, conscientes de la necesidad de mantener y consolidar la actividad de las empresas y pequeños negocios de cada localidad y el empleo que generan. Las empresas soportan una carga fiscal demasiado elevada.

La FER reclama a los ayuntamientos que reconsideren esta medida en bien de la economía y el empleo de cada municipio.

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