Federación de Empresas de la Rioja

Impuesto de Plusvalías. Volvemos al punto de partida

El asesor de la FER, Adolfo Alonso de Leonardo-Conde, explica la reciente sentencia nº 1163/2018, de 9 de julio, del Tribunal Supremo. Los contribuyentes tendrán que acreditar que no se ha producido una plusvalía real

 

A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional nº 59/2017, de 11 de mayo, relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) -la conocida como plusvalía-, los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo han venido dando importantes bandazos a la hora de determinar si procede o no liquidar por ese impuesto, y en qué circunstancias y condiciones. Así, hemos pasado de un punto inicial en el que se mantenía que solo cabía anular las liquidaciones por IIVTNU cuando el contribuyente acreditase que no se había producido una plusvalía real con la transmisión, a otro en el que la carga de acreditar la existencia de esta plusvalía para poder liquidar se trasladó a las Administraciones tributarias, y de aquí al último y más reciente, en el que se anulaba cualquier liquidación de IIVTNU (cualquiera sin excepción), sin necesidad de valorar si se había o no producido una plusvalía o una minusvalía.

Pues bien; en su reciente sentencia nº 1163/2018, de 9 de julio, el Tribunal Supremo ha interpretado la sentencia del Tribunal Constitucional nº 59/2017, descartando de plano este tercer escenario, y situándonos en un punto intermedio entre el inicial y el segundo a los que nos hemos referido en el párrafo anterior. Es decir; el Tribunal Supremo parte de la base de que es al sujeto pasivo (al contribuyente) a quien, en un primer momento, le corresponde probar la inexistencia de plusvalía. Y para acreditar que no ha existido plusvalía, podrá (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla, como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas; (b) optar por una prueba pericial que confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Y una vez aportada -por cualquier medio- por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración tributaria la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder liquidar el IIVTNU. Y contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por la Administración en el seno del procedimiento tributario correspondiente, el obligado tributario dispondrá de los medios de defensa que se le reconocen en vía administrativa y, posteriormente, en sede judicial.

En otros términos; las liquidaciones de IIVTNU ya no se anularán en su totalidad, con independencia de que se haya producido o no una plusvalía real, sino que –en la práctica- solo se anularán cuando, presentado por el contribuyente un principio de prueba sobre la inexistencia de esa plusvalía, la Administración no consiga acreditar que esta sí se ha producido, o practicada prueba por la Administración sobre la existencia de plusvalía, la misma sea desvirtuada por la que practique el contribuyente.

Por consiguiente, volvemos al punto de partida. Si los contribuyentes quieren defender con éxito una pretensión anulatoria de una liquidación por el IIVTNU, o quieren evitar que la Administración tributaria les llegue a practicar esta liquidación, tendrán que acreditar que no se ha producido una plusvalía real; acreditación que tendrá que tener una mayor o menor intensidad en función de qué pruebas pueda ofrecer la Administración tributaria para justificar la existencia de una plusvalía. Solo así se podrá tener opción de obtener un resultado favorable para los contribuyentes.

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