Federación de Empresas de la Rioja

Cuestiones Mercantiles y Tributarias a tener en cuenta durante el estado de alarma por Covid-19

CUESTIONES MERCANTILES Y TRIBUTARIAS A TENER EN CUENTA DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR COVID-19

La alerta sanitaria mundial provocada por COVID-19 está planteando grandes retos a las empresas. En este contexto, te ofrecemos un repaso a las cuestiones mercantiles y tributarias más relevantes que deben ser tenidas en cuenta por las empresas

MERCANTIL

El periodo de marzo a junio ha sido siempre intenso en actividad societaria, pero la aprobación, en particular, del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (el RDL 8/2020), ha venido a alterar los plazos y las formas habituales de mantener las reuniones de los órganos sociales, si bien esta nueva regulación plantea no pocos interrogantes. Además, las relaciones contractuales y comerciales de las empresas siguen en vigor en sus propios términos y los administradores mantienen la obligación de gestionar diligentemente sus empresas. Conviene, por ello, estar atentos en los próximos días y semanas a cuestiones como las que se mencionan a continuación.

Cuestiones societarias

1. Sesiones de los órganos de administración. El RDL 8/2020 pretende facilitar la celebración de sesiones de los órganos de administración a través de mecanismos de comunicación a distancia, o directamente por escrito y sin sesión.

  • Se permite a todo tipo de sociedades la celebración de sesiones de sus órganos de gobierno por videoconferencia con imagen y sonido, con determinados requisitos, aunque sus estatutos no prevean dicha forma de reunión
  • Se permite a todo tipo de sociedades la adopción de acuerdos de sus órganos de gobierno por escrito y sin sesión, siempre que lo decida el presidente o lo soliciten dos de sus miembros, aunque sus estatutos no prevean dicha forma de reunión.

2. Cuentas anuales. El RDL 8/2020 establece los siguientes plazos especiales:

  • Se suspende el plazo de 3 meses desde el cierre del ejercicio social para formulación de cuentas anuales, reanudándose por otros 3 meses desde que finalice el estado de alarma.
  • En caso de cuentas anuales ya formuladas a la fecha de declaración del estado de alarma, se extiende el plazo para su verificación por auditores, cuando esta sea obligatoria, hasta los 2 meses posteriores a la finalización del estado de alarma.
  • Las juntas generales ordinarias de aprobación de cuentas deberán reunirse en los 3 meses siguientes a la fecha en la que finaliza el plazo para formular las cuentas.

3. Junta ordinaria de socios. El RDL 8/2020 ha diferido los plazos para la convocatoria y celebración de la junta ordinaria.

Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes del 14 de marzo, pero el día de celebración fuera posterior, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima de 48 horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad no tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado». En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.

4. Dividendos. También puede ser conveniente evaluar el mantenimiento de la propuesta de distribución de dividendos (todavía no aprobada por la junta de socios) y los aspectos legales a considerar.

6.- Elevación a público de acuerdos sociales. Aquellas empresas que tengan acuerdos pendientes de elevación a público, conviene que atiendan a las instrucciones del Consejo General del Notariado:

  • La intervención notarial es excepcional y la urgencia ha de interpretarse restrictivamente, ponderando la naturaleza de la operación, vencimiento de plazos o necesidad de evitar daños patrimoniales graves e irreparables derivados de la denegación.
  • Rogación: el interesado tiene que contactar a la notaría preferentemente por correo electrónico o por teléfono, dejando constancia de la causa de urgencia.
  • Citación: si la urgencia está justificada, el notario citará al interesado por medios no presenciales y éste debe acudir a la notaría con aquellos medios de autoprotección que garanticen la seguridad sanitaria.
  • Otorgamiento: se recomienda que el borrador del documento se remita electrónicamente para que el notario tenga la documentación preparada, y el notario ha de adoptar las medidas sanitarias oportunas respecto de aquellos otorgamientos que puedan provocar una concentración excesiva de personas.
  • El notario no podrá prestar servicio fuera de la oficina notarial, salvo por estricta causa de fuerza mayor.
  • Los notarios podrán ser requeridos para asistir y levantar acta de las sesiones de los órganos de gobierno de las sociedades por videoconferencia.

7. Inscripción registral. Por su parte, el Colegio de Registradores de España ha publicado una guía dando respuesta a preguntas frecuentes sobre la situación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España, ante la situación de estado de alarma por el COVID-19, de la que cabe destacar:

  • Permanecen abiertos durante la situación del estado de alarma, pero con horario de verano y sólo para recogida de documentos. La solicitud de información registral, notas simples o certificaciones debe hacerse telemáticamente o por correo electrónico.
  • Han sido suspendidos todos los plazos, incluyendo la vigencia del asiento de presentación, el plazo de caducidad de las anotaciones preventivas, el plazo de cómputo de cualquier asiento registral susceptible de ser cancelado por el mero transcurso del tiempo, y el plazo de vigencia de las certificaciones de reserva de denominación del Registro Mercantil Central. Los plazos de calificación de los documentos que hayan tenido entrada antes del 13 de marzo se amplían 15 días más.
  • También el plazo de legalización de los libros en el Registro Mercantil queda suspendido hasta el final del cuatro meses desde la finalización del estado de alarma o sus prórrogas.

Cuestiones contractuales

1. Fuerza mayor. Una de las cuestiones clave en relación con los contratos es la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones de las partes debido a la existencia de una circunstancia de fuerza mayor. Será necesario revisar, en primer lugar, si el contrato la contempla. Aun cuando no esté prevista en el contrato, el Código Civil (art. 1.105) se refiere a ella al establecer que “nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que, previstos, fueran inevitables”. En cualquier caso, habrán de analizarse las circunstancias concretas de cada contrato para valorar si podría existir o no fuerza mayor respecto al cumplimiento de las obligaciones de las partes.

2. Modificación sustancial de condiciones o ‘Rebus sic stantibus’. También debe revisarse la aplicación de la denominada cláusula rebus sic stantibus, de creación jurisprudencial. Esta cláusula permite la revisión de las obligaciones y contratos cuando, por circunstancias sobrevenidas, se ha roto el equilibrio del contrato y a una de las partes le resulta imposible o muy gravoso su cumplimiento. Los requisitos que se exigen son: a) la existencia de una alteración completamente extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración; b) una desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes, que rompa el equilibrio entre dichas prestaciones; y c) que ello suceda por la aparición sobrevenida de circunstancias radicalmente imprevisibles en el momento de la celebración del contrato. Los tribunales, hasta el momento, han aplicado esta cláusula de forma muy cautelosa. Habrá de estarse, también en este caso, a la casuística de cada supuesto para determinar si sería o no de aplicación.

3. Incumplimientos contractuales. Se deben evaluar y analizar las implicaciones de situaciones de imposibilidad o dificultad de cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas. Y revisar las condiciones de cumplimiento de covenants, en particular en contratos de financiación.

4. Avales financieros. Es importante, asimismo, el seguimiento del acceso a las medidas de apoyo y aval financiero contempladas en el RDL 8/2020 (ver resumen de Medidas).

5. Moratorias. Moratoria en el pago de deudas hipotecarias para la adquisición de vivienda habitual para los deudores hipotecarios en situación de desempleo o que, siendo empresarios o profesionales, sufran una pérdida sustancial de ingresos o caída de ventas superior al 40% o deudores hipotecarios cuya unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, no alcance determinado nivel de ingresos, en función de sus integrantes, la cuota hipotecaria represente más del 35% de sus ingresos y la emergencia sanitaria haya alterado sus circunstancias económicas. La moratoria debe ser solicitada por el deudor al acreedor, aportando determinada documentación regulada. Se puede solicitar hasta 15 días después del plazo de vigencia del Real Decreto-ley 8/2020, y el acreedor dispone de un plazo máximo de 15 días para tramitar la solicitud. Concedida la moratoria, deben notificar su existencia y duración al Banco de España a efectos contables y de no imputación en el cómputo de previsión de riesgos

Inversiones exteriores

1. Suspensión del régimen de liberalización. Teniendo en cuenta lo aprobado en el RDL 8/2020,  Queda suspendido el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas en España (i.e., inversiones realizadas por residentes de países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio cuando, el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10 por 100 del capital social de la sociedad española, o cuando como consecuencia de la operación societaria, acto o negocio jurídico se participe de forma efectiva en la gestión o el control de dicha sociedad), siempre que:

  • Se realicen en determinados sectores que afectan al orden público, la seguridad pública y a la salud pública, o
  • Si el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el gobierno, incluidos los organismos públicos o las fuerzas armadas, de un tercer país; ha realizado inversiones o participado en actividades en los sectores que afecten a la seguridad, al orden público y a la salud pública en otro Estado miembro; o si se ha abierto un procedimiento, administrativo o judicial, contra el inversor extranjero en otro Estado miembro o en el Estado de origen o en un tercer Estado por ejercer actividades delictivas o ilegales.

2. Perfil del inversor. También hay que tener en cuenta la determinación del carácter de inversor residente en países de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio.

TRIBUTARIO

En esta última semana del mes de marzo de 2020, las personas físicas y jurídicas que presentan sus declaraciones en España deben prestar especial atención a las siguientes cuestiones:

1. Finaliza el plazo para la presentación del Modelo 720. El 31 de marzo finaliza el plazo para presentar la declaración de bienes y derechos en el extranjero de 2019. No cumplir con esta obligación de forma correcta y en plazo puede conducir a sanciones especialmente gravosas.

2. Se acerca la fecha para presentar el pago fraccionado de abril de 2020 correspondiente al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de No Residentes (para quienes tengan establecimiento permanente en España o sean entidades en régimen de atribución de rentas con presencia en España). La obligación de presentar esta declaración no se ha suspendido por la normativa sobre el estado de alarma y se mantiene, por tanto, en el plazo habitual. Dada la especial situación actual, es recomendable analizar con atención el cierre contable de 31 de marzo y tener en cuenta las implicaciones fiscales de las partidas de provisiones, deterioros u otras que, derivadas de esa situación, puedan ser novedosas o presentar cifras inusuales.

3. Principales cuestiones a tener en cuenta en el ámbito de los procedimientos tributarios de revisión como consecuencia de la normativa del COVID-19. De la aprobación de los Reales Decretos 463/2020, de 14 de marzo, y 465/2020, de 17 de marzo, junto con el RDL 8/2020, se concluye que la regla general es que los plazos para el pago de deudas tributarias, excluidas las resultantes de autoliquidaciones reguladas en el artículo 62.1 de la LGT, y para la atención de cualesquiera trámites que, al tiempo de la declaración del estado de alarma, se encontraran pendientes en los procedimientos tributarios ante la AEAT (distintos de los procedimientos de revisión), se extienden hasta el 30 de abril, y que el plazo para el pago de deudas o para la atención de trámites en los procedimientos (de igual naturaleza) que pudieran abrirse desde el pasado 18 de marzo, se extenderían hasta el 20 de mayo. 

No obstante, se han suscitado numerosas dudas en el ámbito de los procedimientos tributarios, por lo que la Agencia Tributaria ha publicado un catálogo de preguntas frecuentes para aclarar algunas de las cuestiones planteadas.

 

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