Los inversores privados abominan de la enorme bola de deuda que están acumulando algunos países, por las dificultades que pueden surgir para devolver esos préstamos.

Pero, a la vez que el foco se centra en los adeudos soberanos, el propio sector privado lucha por evitar la quiebra a la que les aboca la morosidad. Tanto de las empresas –entre ellas–, como de las administraciones públicas hacia las compañías.

De hecho, el 40% de las empresas españolas ve amenazada su supervivencia por los retrasos en los pagos, según datos de la Intrum Justitia, consultora europea líder en gestión del cobro. Esto, teniendo en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2011 había en España 3,25 millones de empresas, se traduce en que el cierre amenaza a 1,4 millones de compañías.

No en vano, según datos del INE, en el último trimestre aumentó un 19,7% el número de empresas que suspenden pagos. Un dato alarmante, por mucho que se haya vuelto una realidad cotidiana. “Estas cifras no ayudan a las empresas a ser optimistas”, apunta el Índice de Riesgo 2011 de Intrum Justitia.

“Esta situación hace evidente la necesidad de que el gobierno español haga cumplir cuanto antes los plazos de pago que figuran en la Ley e, incluso, si fuese posible, sin esperar hasta 2013, cuando termina el periodo de transición de los mismos. Pagar a tiempo supone reactivar el motor de las empresas, la liquidez, algo que se hace cada vez más necesario, especialmente para las pymes”, comenta Luis Salvaterra, director de Intrum Justitia para España y Portugal.

Cabe recordar que las compañías sufren una enorme morosidad del sector público. El plazo de pago del Estado, las autonomías y los ayuntamientos no sólo no ha mejorado con la Ley de Morosidad de julio de 2010, sino que ha aumentado, según una encuesta de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

El sector público abona sus facturas una media de 157 días después de la prestación del servicio contratado. Esto es, más del triple de los 50 días que exige la nueva ley. Al contrario, el plazo del sector privado disminuyó en ocho días (de 101 a 93), lo que inyectó 1.800 millones de euros en el tejido productivo empresarial, según la Plataforma. Esto equivale a evitar la destrucción de nada menos que 50.000 empleos.

Ránking por países

Pero las cifras siguen lejísimos de la legalidad. Por eso las empresas no son, precisamente, optimistas. El 40% de empresas al borde del cierre por la morosidad que hay en España no es el peor dato de Europa. “En el ranking por países, observamos que las empresas del Reino Unido son las que sienten más amenazada su continuidad, concretamente el 55%, seguidas de Chipre y Grecia con un 53%; en el lado contrario se sitúan las belgas o suizas con un 11%, siendo la media europea del 28%”.

Además, las empresas europeas que prevén que aumentará el riesgo por los impagos los próximos 12 meses duplican las que piensan que se reducirán (32% frente a 14%). En España, esta cifra aumenta hasta el 40%, frente al 13%. Respecto a los problemas de liquidez como consecuencia de la morosidad y los impagos, Portugal es quien señala este aspecto como principal impacto, concretamente un 78% de las empresas frente al 31% de Suecia. En el caso de España, el 77% de las empresas teme un impacto negativo en su liquidez.

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